Se viene caracterizando en los últimos años - con este y el anterior gobierno de distinto signo político - el organismo estatal encargado de realizar las encuestas, es decir, el Centro de Investigaciones Sociológicas, por ofrecer puntualmente sus estudios sobre distintas cuestiones que afectan a la ciudadanía, con una sospechosa coincidencia con los postulados del Ejecutivo de que se trate, como intentando dirigir la llamada opinión pública o, al menos, prepararla para que acoja de buen grado nuevas iniciativas legislativas que suelen anunciarse con la antelación necesaria para suscitar el debate o el interés ciudadano...
Aborto, Eutanasia, Matrimonios entre personas del mismo sexo, Memoria histórica, financiación de las Autonomías y, ahora, futura Ley de Libertad Religiosa que sentaría las bases para la revisión integral de las relaciones Iglesia-Estado en asuntos tan controvertidos como la asignación tributaria a la Iglesia Católica o la asignatura de Religión en los distintos niveles de la enseñanza.
Precisamente por esto no deja de resultar al menos curioso que precisamente en estos momentos el CIS haya hecho públicos los datos de un informe sobre "la nueva pluralidad religiosa", en el que la Iglesia Católica, que se reconoce como la mayoritaria en nuestro país, según dicha macro-encuesta, - más de un setenta y cinco por ciento de los españoles continúa declarándose católico - no sale nada bien parada, ya que casi todos los datos le son desfavorables y especialmente, en lo que se refiere a su presencia o intervención en asuntos de la política, ocho de cada diez españoles piensan que dicha Institución no debe influir ni concidionar las decisiones de los gobernantes y legisladores...
¿Casual, que este informe se divulgue precisamente ahora?
A lo mejor es una simple coincidencia, pero uno no puede por menos que pensar, acordándose de otras encuestas y situaciones similares, que se elaboran y divulgan "a la carta" , es decir que se utilizan como arma política en determinadas ocasiones y esto, lógicamente, supone una clara limitación a la libertad de los ciudadanos que, no se olvide, son los que después depositan su voto en las urnas...
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