Compaginar los legítimos intereses de los padres, los profesores y la política educativa de la Administración, además de complejo es evidentemente difícil pero si no se intenta aplicar determinadas reformas nunca podremos saber si obedecían a una necesidad de mejorar el sistema, con el objetivo de lograr la mayor eficacia y, por supuesto, alcanzar la mayor calidad posible en beneficio de los alumnos que es en definitiva lo verdaderamente importante...
Y no es que uno, de entrada, esté muy convencido de que adelantar la fecha de inicio del Curso escolar sea sinónimo de mejora, ya que no se puede ignorar la necesidad de que el profesorado y los propios centros - muchos de los cuales no están preparados al inicio de las actividades escolares - requieren de unos días para poder adecuar sus aulas, confeccionar los programas y, en definitiva, tenerlo todo a punto antes de que los alumnos se incorporen a las aulas, pero tampoco se atreve a poner objeciones al proyecto de un Curso más largo, anticipando para ello la llegada de los niños a las clases.
Posiblemente, como en todo, cada planteamiento además de sus defensores y detractores tendrá sus ventajas e inconvenientes que no podremos valorar hasta que, efectivamente, la medida se implante, si es que finalmente se lleva a cabo el anuncio de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía, pero además de dejar abierta la puerta a una posible rectificación o adecuación de la normativa, esa ampliación del Curso no puede venir basada ni en la conciliación de la vida familiar, ni en los postulados político organizativos de la Administración autonómica ni por supuesto en los derechos adquiridos de los enseñantes ya que con ello se estaría ignorando a los principales protagonistas de este asunto que no son otros que los niños.
Por eso, antes de aplicar una medida de este carácter piensese muy bien en que modo afecta - beneficia o perjudica - al alumnado andaluz y después, si es procedente, aplíquese...
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