Ciertamente que para contar, en la función pública, con personas capacitadas y eficaces es necesario garantizarles una retribución que no solo les permita vivir con dignidad y desahogo sino que sirva de freno a la posible tentación de un enriquecimiento irregular, algo que por desgracia ha sucedido en más de una y de dos ocasiones en cualquiera de los niveles de la Administración y con políticos de uno u otro signo.
Es decir, que parece lógico y natural que nuestros Alcaldes y concejales, especialmente los primeros como responsables de la administración del patrimonio y la caja común de todos los ciudadanos que en la mayoría de las poblaciones alcanza sumas astronómicas, cobren unos emolumentos adecuados a tan delicado cometido que retribuya semejante obligación con generosidad, evitándose así las tentaciones del abandono del cargo ante ofertas de la empresa privada y desde luego - como ya queda apuntado - de cometer irregularidades que puedan redundar en propio beneficio...
Claro que lo que aquí ocurre, elección tras elección, ya pasa de castaño obscuro posiblemente por la falta de una norma, de obligado cumplimiento, que evite los lamentables espectáculos de Alcaldes o Alcaldesas que ganan más que su propio Presidente de Gobierno, por citar tan solo un ejemplo recurrente y bien elocuente por cierto ya que no deja de ser absolutamente esperpéntico que un cargo de la llamada Administración Local pueda ingresar más por su actividad pública que quién ostenta la máxima responsabilidad del Estado.
Así las cosas y sin entrar en más detalles, parece claro que en nuestra Democracia de tres décadas quedan aún muchos detalles por ajustar para que sea posible su consolidación entre los ciudadanos y estos, a la hora de acudir a las urnas, no sigan teniendo la tentación de quedarse en su casa como ha ocurrido de forma verdaderamente llamativa en las últimas consultas celebradas.
Austeridad, rigor y sentido común es lo que hace falta ante la fijación de los niveles retributivos de nuestros Alcaldes y desde luego, llegado el caso, la denuncia de una Prensa libre no amordazada por los generosos ingresos de publicidad institucional cuyo empleo interesadamente político debería ser erradicado de raiz si de verdad queremos disfrutar de un auténtico régimen de libertades.
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