lunes, noviembre 10, 2008

El BOJA y la EpC

Se habla en estos días del setenta aniversario de la lamentable y triste "Noche de los Cristales rotos", que por toda la Alemania del sectario y sanguinario III Reich ocasionó numerosas víctimas, daños materiales incalculables, suicicios provocados por el pánico y desde luego sentó las bases para la persecución del pueblo judío que terminaría con la horrible página del exterminio de la mayoría de los más de quinientos mil que residían en dicho país...
Y desde luego esta negra página de la historia de la humanidad no tiene parangón con nada de lo que ahora pueda estar ocurriendo en el mundo, salvo el conflicto de Ruanda con la lucha tribal entre Tutsis y Hutus, ante la que el mundo civilizado mira para otro lado para no darse por enterado de semejante exterminio en pleno siglo XXI, pero incluso entre nosotros, al lado mismo, en esta Comunidad autónoma en la que vivimos, se producen a veces gestos o acciones que pudieran ser el origen de un rechazo futuro, para ciertas personas, inexplicable e inadmisible en una sociedad democrática que se dice a sí misma libre.
Ya digo, salvando la enorme distancia entre aquello y esto, no puede admitirse ni tolerarse y mucho menos propiciarse desde ciertas instancias el que una legítima objección a cualquier disposición legal, por ejemplo a la implantación de una asignatura en los estudios básicos, sirva de excusa para incluir en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los nombres de aquellos alumnos, menores de edad, que la han objetado y eso no por respeto a la Ley de Protección de Datos o a la de Protección del Menor, sino sencillamente por la propia dignidad de esos niños, de sus familias y en evitación de que los mismos queden marcados para el futuro y puedan convertirse en la diana de un rechazo que en modo alguno merecen...
Ha intervenido la Fiscalía en este asunto, investigando las causas que han llevado a semejante dislate de la Consejería de Educación, pero antes de esperar una decisión judicial, habría que haber tomado la decisión política de no señalar a ningún ciudadano, y mucho menos menor de edad, por aquello de que no debe existir ninguna discriminación por razón de sexo, religión, raza o ideología.
¿No dice eso acaso nuestra Constitución?

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