Estamos asistiendo en España, en los últimos tiempos, a una serie de irregularidades y decisiones arbitrarias provocadas por gestores públicos sin escrúpulos que, además de resultar delictivas y encrespar lógicamente a los ciudadanos honestos, suelen acabar - no puede ser de otro modo - ante los Tribunales de Justicia para que estos determinen la culpabilidad de quienes las cometen y apliquen el correspondiente castigo a los responsables de dichas ilegalidades...
Y por desgracia, no se trata de uno o dos casos sino que por cualquier esquina de esta vieja piel de toro surgen escándalos semejantes cuya autoría se atribuye a ciertos Alcaldes, Concejales, Consejeros de Autonomías, representantes sindicales, cargos de Partidos Políticos o empresarios bastante dados a emprender obras o prestar servicios a cambio de ciertas regalías que les prometieron en un despacho oficial o al amparo de aquellos que, en mayor o menor medida, detentan el poder.
Naturalmente, por su excesiva proliferación a la que habría que sumar todo un cúmulo de actuaciones en beneficio de aquellos que accedieron a cualquiera de los cargos antes mencionados muy democraticamente obtenidos desde luego, se ha generado en el conjunto de la sociedad una desconfianza contra el sistema y especialmente sobre quienes lo representan, ante la que se hace urgente y necesario adoptar medidas - y algunas, contundentes y ejemplares - antes de que sea demasiado tarde y la corrupción acabe sepultando la democracia...
Ahí está el peligro y ahí también el primer objetivo de actuación decidida y urgente de quienes actualmente gobiernan, caiga quién caiga.
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