Internautas, ¡cuidado con la Ley!

Como seguramente es bien sabido por cuantos utilizan Internet de forma habitual y desde luego por los blogueros, el Gobierno está ultimando el texto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) para proceder a su tramitación parlamentaria, por lo que se vienen manteniendo contactos, de carácter consultivo, con el sector industrial, los sindicatos y los consumidores, habiendo decidido en la última de las reuniones llevadas a cabo retirar su proyecto sobre la Propiedad Intelectual en Internet, al no mostrarse de acuerdo con la propuesta las Entidades Gestoras de dichos derechos que pretendían poder contar con la facultad de forzar el cierre de sitios web sospechosos de violar la propiedad intelectual.

Este, naturalmente, es uno de los aspectos de tan importante proyecto legal, pero hay otros muchos, de los cuales poco o nada se ha hablado hasta el momento y sobre los que toda la Comunidad Internauta debiera estar con los ojos bien abiertos y decididamente activa ya que de la redacción final de dicha Ley depende, en buena medida, que la Libertad de Expresión,que teóricamente consagra nuestra Carta Magna, sea efectiva en un vehículo tan presente y esencial en las sociedades modernas como el que representa Internet.

Naturalmente, en tan complejo proceso, las tensiones y las tentaciones de hacer prevalecer criterios o derechos tales como el de la defensa de la Propiedad Intelectual, que por supuesto tiene que ser salvaguardada, es normal que surjan, pero ello no puede conducir a que finalmente dicha Ley para la Sociedad de la Información no tenga en cuenta a los internautas o a los consumidores o que establezca, como al parecer reclamaban las referidas Entidades gestoras de los derechos de Propiedad Intelectual, unas determinadas cautelas sobre el uso de la Red, por si acaso alguien tiene la tentación de delinquir...

Con sus virtudes y sus defectos e inconvenientes, que los tiene, Internet tiene que quedar blindado a la tentación de control por parte de los poderes públicos, sometiéndose en todo caso a la acción de la Justicia, uno de los pilaeres - recordemos - de la auténtica Democracia.