Aunque es obvio que cualquiera puede equivocarse y que en no pocos casos los errores pueden ser provocados por personas que tratan de aprovecharse del excesivo aparato burocrático encargado de controlar y gestionar la administración del Estado, la de las Comunidades Autónomas, la de las Diputaciones, la de los Ayuntamientos o la de cientos de instancias paralelas - mancomunidades, observatorios, asesorías, etc. repartidas a lo ancho y a lo largo de esta vieja piel de toro que metafóricamente se dice que es España, lo cierto es que no dejan de ser bastante chocantes - por no llamarlos de otra forma mas contundente - esos casos de confusión de un DNI que provoca el que a un miembro de la propia familia real se le adjudique la posesión de trece fincas, que años después se descubra una declaración de impuestos poco ortodoxa de un famoso futbolista extranjero que juega en un equipo español o que se permitan tantos expediente de regulación de empleo en Andalucía, precisamente poco regulares...
Por eso, ciertamente, cabe preguntarse que ¿quien administra aquí a los Administradores?, es decir, a aquellos funcionarios - se supone que llegados al puesto con su correspondiente oposición - que tienen que velar por la correcta aplicación de la norma, que vigilar el cumplimiento estricto por parte de los administrados de leyes, obligaciones tributarias o de cualquier otra índole, que advertir de los errores en el sistema - la duplicidad, por ejemplo de números del Documento Nacional de Identidad - evitando así confusiones como la que ha protagonizado la actualidad informativa días pasados; en definitiva, garantizar que la Administración funcione, en cualquiera de sus instancias, con eficacia.
Tal vez esta sea una de las principales razones para que la anunciada reforma de la Administración del Estado, impulsada por el Gobierno, deba llevarse a cabo, aparte claro está el ahorro que ello supondría para las arcas públicas aunque finalmente resulte tan importante lo uno como lo otro, es decir, el funcionamiento ágil, eficaz y correcto de todo un sistema del que sin duda y en tantos aspectos dependemos el conjunto de los ciudadanos, que es tanto como decir el propio país...
Y encima, si cuesta menos, mucho mejor aunque ello comporte que algunos pierdan la posibilidad de utilizar el aparato administrativo para colocar a los suyos, como por desgracia viene ocurriendo de un tiempo a esta parte.
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